En Gaming Colombia 2019, gremios de empresas de juegos de suerte y azar insistirán en que se implemente lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo. Calculan que con la nueva norma habría viabilidad para juegos como las ACDV, las máquinas en ruta, la ampliación de la oferta de juegos ‘online’, entre otros, con los que ingresarían millonarios recursos.

Las empresas del sector de juegos de suerte y azar agrupadas en Asojuegos y Fecoljuegos le piden al Gobierno Nacional no dar más largas para implementar las medidas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que garantizarían un incremento importante en los recursos para la salud de los colombianos y las finanzas públicas del país.

En consecuencia, los gremios ven con preocupación que aún no se hayan puesto en práctica medidas establecidas en el PND, como la corrección en el cálculo para cobrar derechos de explotación, lo que impide la puesta en marcha de juegos como las apuestas en carreras y deportes virtuales (conocidas como ACDV) y las máquinas en ruta, la ampliación y renovación del parque de máquinas actuales y la posibilidad de aumentar la oferta de juegos online a opciones como el casino en vivo y las apuestas sobre eventos virtuales. Por esto, durante Gaming Colombia 2019, evento organizado por estos dos gremios y que se llevará a cabo el 21 y 22 de agosto en el Hotel Gran Hyatt de Bogotá, insistirán en que no se aplace más la implementación de lo aprobado por el Congreso.

Con estas propuestas, que esperan solo el ‘banderazo’ del Coljuegos, los gremios aseguran que el Estado podría recaudar millones de pesos: “Es incalculable. Pero creemos que con estas medidas podríamos apuntarle a un billón de pesos para la salud”, asegura Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.

Por su parte, Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, recordó que la finalidad de la norma es quitar las rentas presuntivas y declarar por la operación; esto, en línea con los objetivos del Gobierno Nacional y con el fin de garantizar los ingresos de la salud a mediano y largo plazo, así como la sostenibilidad de las empresas, para lograr la viabilidad de la operación y el crecimiento de la actividad.

En efecto, entre el 2015 y el 2019 fue evidente el número de contratos que cerraron su operación porque el negocio se tornó inviable ante las altas rentas que debían pagar. Aproximadamente 42 empresas dejaron de aportarle a la Nación.

Vale resaltar que el efecto de la aplicación del PND tiene como objeto la ampliación del número de máquinas, la reposición del parque actual, la oportunidad de viabilizar juegos que llevan regulados más de tres años y que no han generado ingresos por ser inviables económicamente (ACDV y máquinas en ruta), además de ser un incentivo para que la operación ilegal transite hacia la legalidad.

Por tanto, si bien se ha dicho que el ajuste a las tarifas fijadas en el PND disminuiría las transferencias, hoy los gremios consideran que eso no va a pasar si se pone en marcha lo acordado.

Por ejemplo, si en cada punto de los 40.000 que tiene el chance en todo el país se ubicara una ACDV, llegarían unos 400.000 millones de pesos que ahora no están ingresando.

Y los cálculos de los gremios para recaudar millonarios recursos van más allá: por incremento en la media de apuesta del parque actual de MET habría ingresos anuales de derechos de explotación por 286.000 millones de pesos; por aumento de MET de operadores autorizados en 2.500 máquinas anuales, unos 8.600 millones de pesos anuales; por operaciones de nuevos juegos regulados hace tres años, pero que no han sido operados por la inviabilidad económica, se llegarían a incrementar los recursos para la salud en 233.280 millones de pesos, en los próximos dos años; por ampliación de la operación de bingos, 8.000 millones de pesos para el primer año luego de la entrada en vigencia de la norma propuesta, y por ingresos gracias a nueva oferta de juegos o line, si Coljuegos la autoriza, las ventas se incrementarían en un 15 por ciento anual.

A estas medidas, los gremios suman la lucha contra la ilegalidad, para lo que desde hace un año han pedido la conformación de un Grupo Élite contra este flagelo. Solo en MET, se estima que el 30% de las 80.000 ilegales dejen de serlo y así generar ingresos por 120.268 millones de pesos en derechos de explotación, dentro de los próximos 2 años.

En conclusión, los gremios le recuerdan al Gobierno que solo esperan su banderazo para que las finanzas de la salud se fortalezcan cada vez más.

“El regulador interpreta a veces de una manera impropia nuestro sentir de la norma, siempre en contra del operador. Por eso estamos luchando y tratando que se aplique el PND como nosotros lo consideramos, como lo consideró el Gobierno y como lo consideró el legislativo”, puntualiza Montero Cárdenas.

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