Para vencer la corrupción, Colombia necesita hacer un cambio de mentalidad: penas severas y una justicia eficiente que busque cero impunidad.
No me queda la menor duda de que Colombia será un país distinto hasta el día en que sus procuradores (y los altos funcionarios) no renuncien a ostentosos esquemas de seguridad, las licitaciones en las alcaldías y gobernaciones no terminen con un solo proponente, los ciudadanos respeten las filas y se acabe esa percepción de que todo tiene un precio.
Desde que los privilegios se heredaron en los tiempos del narcotráfico, a nuestro país le quedó un sabor a ‘usted no sabe quién soy yo’ que le ha hecho mucho daño.Imagínense el tamaño del desafío que nos espera para los próximos años.
Para vencer la corrupción, Colombia necesita hacer un cambio de mentalidad. De un lado, un sector de la sociedad valida la corrupción como algo que hace parte de la cotidianidad, y, por otro, las sanciones no son ejemplarizantes, más parecen un estímulo a la ilegalidad.
Según el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en lo corrido del año se presentaron cerca de 1.800 sanciones por delitos contra la administración pública, de las cuales la mitad de los implicados no paga cárcel y 25 por ciento lo hace, pero desde su casa; las penas, en promedio, no superan los dos años de privación de la libertad. En general, los castigos por corrupción en el país son un saludo a la bandera.
De acuerdo con un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al 2015 solo ocho departamentos presentaron entre 3 y 10 proponentes en sus licitaciones públicas, en promedio (Antioquia, Caldas, Risaralda, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander), los demás registraron convocatorias con pocos proponentes. Un escenario que debe cambiar, y que recuerda la definición de que las licitaciones se diseñan a la medida de unos pocos.
En una coyuntura económica como la actual, en la que hay una menor expectativa positiva sobre el futuro inmediato y en la que resulta inminente una reforma tributaria tan fuerte para los contribuyentes, como la radicada en el Congreso, las acciones para favorecer la lucha contra la corrupción deben ser contundentes. A nadie le convence un aumento de impuestos cuando la percepción es que los recursos públicos se los roban tanto en las regiones como en Bogotá. Es muy importante construir confianza ciudadana y conciencia frente al uso de los recursos públicos que, al final del día, se deben traducir en bienestar social.
Es entendible que se requiera cubrir el creciente déficit fiscal en Colombia, apenas natural por las circunstancias económicas que apremian por estos días al mundo, pero también es cierto que urge apretarse el cinturón y frenar los multimillonarios recursos públicos que se pierden por cuenta de la corrupción. Penas severas, sanciones ejemplares, una justicia eficiente que busque cero impunidad, y, por supuesto, un cambio de mentalidad en la ciudadanía. Se trata de grandes desafíos que constituyen un cambio estructural del país, pero un paso enorme hacia el desarrollo. Ese debe ser el futuro de Colombia.
Juan Manuel Ramírez Montero
CEO de Innobrand
J@egonomista.com / @juamon
Fuente: portafolio.co