¿Después de 25 años del mandato constitucional, será posible la materialización de la paz en Colombia? ¿El artículo 22 constitucional es una mera formulación jurídica?
Creemos que en esa norma la dolorida sociedad colombiana consagró un anhelo, un sueño, una utopía. Esa norma contiene uno de los valores superiores de nuestra sociedad, porque la paz es presupuesto necesario de la democracia, del goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. El valor supremo de la paz tiene un carácter proclamatorio porque para lograr su plena eficacia jurídica deben confluir múltiples elementos culturales, políticos, económicos, sociales e ideológicos.
La paz es una finalidad de Estado, es un derecho de tercera generación de naturaleza concursal y solidaria, es decir que junto a la responsabilidad de las autoridades se requiere la participación democrática, el entendimiento y comprensión de los ciudadanos, el compromiso solidario y la reciprocidad de la sociedad. La paz contiene un derecho de participación activa en los asuntos públicos, un derecho de exigencia al Estado y a los particulares para reclamar obligaciones de hacer.
Pero la moneda de la paz tiene otra cara, la de los deberes, la de la correspondencia. El titular del derecho a la paz tiene deberes de abstenerse de violentar al otro, de participar en el logro y mantener la paz, de respetar los derechos ajenos sin abusar de los propios, de obrar con solidaridad, de defender y difundir los derechos humanos, entre otros. Aquí no hay un contrapunto entre derecho y deber, sino el complemento de dos obligaciones.
Los acuerdos de La Habana se han logrado gracias a una fe en el poder del diálogo y la negociación, pero después del desescalamiento de la guerra viene la consolidación de los acuerdos y la consecución real de la paz a través de las políticas y estrategias socioeconómicas, culturales y políticas concertadas que combatan las causas de la violencia. La paz no la lograremos con unas firmas sino que es un proceso continuo y gradual que apenas inicia, para lo cual se requieren soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas.
Esta ardua tarea requiere de los abordajes particulares. Requerimos de los economistas y hacendistas para garantizar la financiación de la paz, de los sociólogos para estudiar y proponer los cambios de la comunidad, de los gestores culturales para promover cambios en la percepción de los otros, de los diseñadores de políticas públicas para erradicar la pobreza, de los políticos para trasmitir mensajes de democracia participativa e incluyente, de los legisladores para tramitar las reformas sin mezquindad y sin cálculos cortoplacistas, de los educadores para volver a plasmar en la niñez las pautas de comportamiento que garanticen relaciones pacíficas, de las instituciones de educación terciaria e investigadores para generar nuevos modelos productivos, de los ambientalistas para contribuir al desarrollo sostenible del país, de los medios de comunicación que deben registrar los logros de paz en cada rincón de Colombia y llevar mensajes de tolerancia y pluralismo, de los militares y policías que deben reformular su papel de aportantes a este proceso, de los líderes religiosos que debe arraigar en sus comunidades una ética que se traduzca en comportamientos ejemplares, de los empresarios generando espacios de inclusión para todos aquellos que han creído que el país hay que reconstruirlo entre todos sin importar de qué lado han estado, de los ciudadanos que con sus sencillas acciones cotidianas edifican la nueva sociedad, de todos y cada uno de los Colombianos que soñamos con un país pacífico y reconciliado.
La sociedad colombiana no tiene suficiente ilustración sobre la paz, acá estamos hoy rebuscando elementos para romper ese continuismo silencioso. Todos los colombianos tenemos, por lo menos, una palabra y un acto para aportar en la construcción de este ideal, el Estado no es el único garante de esta tarea.
Invito a comprometer el lenguaje y los actos en la construcción de la Paz de una Colombia armoniosa, Libre y Fraterna.